El trilema de la globalización

Vivimos hoy un mundo sometido a tres elementos o fenómenos absolutamente incompatibles entre sí. A saber: La creciente y cada vez más intensa actuación de actores sociales y económicos de todo tipo a nivel supranacional, a menudo (casi) mundial. Es lo que más propiamente solemos denominar como “globalización”. La soberanía nacional de los Estados-nación clásicos históricos. Los compromisos en materia de protección social y políticas de estabilidad que los Estados han asumido y los ciudadanos aún les reclaman. Eso que en Europa llamamos el “Estado del bienestar”.
El primero vendría a estar constituido por lo que llamamos más propiamente “globalización”. En apretada síntesis: de un lado, por la creciente integración económica y financiera; el flujo de capitales; la proliferación de empresas multinacionales, cada vez además más “multinacionales” y sus localizaciones, deslocalizaciones y externalizaciones. Pero también, de otro lado, por las nuevas formas y actuaciones del terrorismo, por ejemplo, o las organizaciones y prácticas de la gran delincuencia.
El segundo consistiría en la enorme resistencia a la conservación de la soberanía de los Estados-nacionales históricos como ámbito regulador de “la sociedad”. De una sociedad - es decir: agentes, relaciones y prácticas –, por cierto, que ya les desborda y excede. Se aprecia principalmente y con gran intensidad en los titulares de tal poder. Pero también en la ciudadanía, aún incapaz de pensar u organizarse en términos no nacionales: sindicatos, organizaciones empresariales, profesionales o de consumidores, por ejemplo, principalmente.
El tercero no deja de ser una proyección o concreción del anterior, con el que por cierto interactúa retroalimentándose. Comporta graves inquietudes o desazones en los ciudadanos y consiste a menudo en la contestación a la globalización por parte de los sectores más afectados por la “competitividad” que produce.
“Seamos nosotros quienes vayamos creando los órganos e que la nueva realidad exige”
Estos tres elementos constituyen lo que prestigiosísimos economistas (Rodrik, Summmers, Tugores) han venido a denominar el “trilema” de la globalización - un dilema pero a tres bandas –. Es decir: aquella realidad compuesta por tres elementos incompatibles entre sí, y que obliga por tanto a renunciar, o al menos relajar, una de las tres opciones. Porque, en efecto, los tres no van a poder convivir.
Por tanto, o se prescinde de alguno de los elementos en contradicción, o no hay más remedio que superar esta contradicción con un nuevo proceso de síntesis histórica, sea mediante la lenta implantación de ajustes, frenos o equilibrios que hagan que los tres elementos en conflicto se vayan armonizando ellos solos lentamente, sea encarando la realidad de que si las reglas de juego han cambiado no nos sirven los viejos naipes.
En todo caso, un proceso que debería atender a la evidencia de que los problemas, al menos los importantes, de todo tipo, son hoy ya de ámbito mundial. Por tanto, para afrontarlos desde una perspectiva de equilibrio social y político, debe pasarse forzosamente por potenciar los ámbitos de decisión supranacional (y no por bloquearlos, como por ejemplo estamos padeciendo en Europa últimamente). La Historia al fin y al cabo es la secuencia de sucesivas ampliaciones del ámbito económico y social seguido, con más o menos dificultades de ajustes, de los ámbitos de decisiones sociales y políticas.
Pero que nadie espere que lo hagan otros por él. Seamos nosotros, ciudadanos, quienes, cada uno en su respectiva área, vayamos creando los órganos e instituciones – organizaciones, sindicatos, asociaciones – que la nueva realidad exige.

LAS CAJAS DE AHORROS PODRÁN TRANSFORMARSE EN BANCOS

En plena vorágine futbolística, el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) “para facilitar su financiación y profesionalizar su gestión”. Por un lado se les da la opción a conseguir capital a través de la emisión de cuotas participativas y al mismo tiempo se intenta poner algo de orden en un sector que, por excesivamente politizado, se ha negado ha aplicar reformas de calado para hacer frente a la crisis económica.
Según hizo público ayer el Ministerio de Economía y Hacienda la reforma se resume en dos puntos principales:
Las cajas podrán emitir cuotas participativas con derechos políticos hasta un máximo del 50% de la entidad.
Se suprime la presencia de altos cargos electos en los órganos de gobierno.
Entre las posibles alternativas a las que las cajas de ahorro se pueden acoger, el Real Decreto Ley contempla las siguientes:
Mantener su condición de caja de ahorros, como hasta ahora, con el nuevo régimen de cuotas participativas y adaptando sus estatutos a las modificaciones en el gobierno corporativo.
Integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP).
Ceder todo su negocio financiero a un banco manteniendo su condición de caja. La obra social y la cartera industrial permanecen en la caja.
Transformarse en fundación cediendo todo su negocio como entidad de crédito a un banco en el que participa.
Quizá el tema políticamente más espinoso es el del gobierno corporativo de las cajas ya que, en estos momentos, representantes de distintas Administraciones públicas tienen el 50% de los derechos de voto. Con esta reforma el porcentaje baja al 40% añadiéndose la incompatibilidad de los cargos políticos electos y de los altos cargos para ser miembros de los órganos de gobierno; se refuerzan los requisitos de profesionalidad y experiencia para formar parte de dichos órganos; se obliga a todas las cajas a la presentación del informe anual de gobierno corporativo y se establecen mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja que deberán tener mayorías de 2/3 para poder aprobar cambios en la naturaleza jurídica de la entidad.